Como parte de nuestra serie de comunicaciones sobre las recientes reformas a la LFPIORPI y sus Reglas de Carácter General, en esta ocasión abordaremos uno de los elementos más relevantes para la implementación del marco de cumplimiento: los mecanismos automatizados. En el sector financiero, este concepto suele asociarse con la infraestructura tecnológica, la cual constituye un componente esencial para la gestión de riesgos y el cumplimiento de obligaciones en materia de PLD/FT.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, los sujetos que realizan Actividades Vulnerables deberán contar con mecanismos automatizados adecuados a la naturaleza, complejidad y nivel de riesgo de sus operaciones.

En este sentido, el mecanismo automatizado se convertirá en una pieza central para el cumplimiento normativo, al facilitar la conservación y actualización de expedientes, la generación de alertas y el monitoreo de límites regulatorios, entre otras funciones relevantes.

Requerimiento de mecanismos automatizados para la prevención de PLD/FT

El artículo 41 de la Ley establece que los sujetos que realizan Actividades Vulnerables deben contar con mecanismos automatizados acordes con el volumen, naturaleza, complejidad y nivel de riesgo de sus operaciones. Estos sistemas tienen como finalidad fortalecer la prevención y detección de operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita mediante el almacenamiento, monitoreo y análisis de la información de clientes y usuarios.

De manera general, dichos mecanismos deben permitir:

• Gestionar y conservar la información de identificación de clientes y usuarios, incluyendo la actualización y consulta de los datos y documentos contenidos en sus expedientes (fracción I).
• Consolidar y monitorear las operaciones realizadas por cada cliente o usuario, facilitando la identificación de transacciones que se aparten de su comportamiento esperado o perfil transaccional, así como la acumulación de operaciones cuando corresponda (fracción II).
• Generar la información necesaria para la metodología de evaluación de riesgos, considerando los insumos de datos requeridos para alimentar la gestión de riesgos previstas en las Reglas (fracción III).
• Evaluar y clasificar el riesgo de clientes y usuarios, asignándoles un grado de riesgo y conservando el historial de cambios en dicha clasificación y de su perfil transaccional por un periodo mínimo de diez años (fracción IV).
• Emitir alertas automáticas sobre operaciones de mayor riesgo, incluyendo aquellas relacionadas con clientes de alto riesgo, Personas Políticamente Expuestas (PEP), personas incluidas en listas restrictivas o de sanciones, personas vinculadas a los ilícitos de LD/FT, transacciones vinculadas con jurisdicciones consideradas de riesgo por la normativa mexicana o por organismos internacionales u operaciones vinculadas con jurisdicciones de regímenes fiscales preferentes(fracción V).
• Monitorear el uso de efectivo y metales preciosos, con el propósito de verificar el cumplimiento de las restricciones y prohibiciones de pago con dinero en efectivo y metales preciosos (fracción VI).

¿Cuál es la fecha límite para su implementación?

Los sujetos que realizan Actividades Vulnerables deberán contar con mecanismos automatizados a más tardar el 1 de junio de 2027. Si bien este plazo puede parecer lejano, la implementación de una solución tecnológica adecuada suele requerir tiempo para su diseño, configuración, pruebas y puesta en marcha.

¿Qué consecuencias habrá para aquellos que no lo implementen?

Los sujetos que realizan Actividades Vulnerables que no implementen los mecanismos automatizados requeridos dentro de los plazos previstos por la regulación podrán enfrentar sanciones económicas de 200 a 2,000 UMAs, equivalentes aproximadamente a $23,462 y $234,620 pesos.

Más allá de la imposición de multas, la falta de estas herramientas tecnológicas puede comprometer la eficiencia y trazabilidad de los procesos de cumplimiento, dificultando la atención oportuna de obligaciones regulatorias y la gestión de riesgos. En consecuencia, los sujetos podrían quedar expuestas a observaciones regulatorias, hallazgos en auditorías y afectaciones reputacionales que trascienden el impacto económico inmediato.

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