Juan Alberto Morales

Managing Director
15+ years of experience in tax compliance services
Thought leader in luxury retail, life sciences, and real estate
Significant experience in developing business tax tech solutions for clients in Mexico and Latin America
Mexico City
@alvarezmarsal
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Juan Alberto Morales is a Managing Director with Alvarez & Marsal Tax in Mexico City. As the leader of the Tax Technology practice, he specializes in developing and implementing tax technology solutions and tax compliance services for clients in Mexico and Latin America.

Mr. Morales’ primary areas of concentration are: calculating and reporting income tax, including that related to or part of indirect taxes; developing tax tech solutions to improve the effectiveness of the tax function; and implementing tax processes and software tools.

With more than 15 years of experience, Mr. Morales has focused on helping clients from Mexico and Latin America across various industries, including life sciences, luxury retail, real estate, and entertainment. After identifying their key tax challenges, he then works with them to define and implement practical improvements in the people, process, technology, and organizational components of their corporate tax functions to achieve sustainable enhanced performance.

Prior to joining A&M, Mr. Morales spent 14 years with several international firms, where he specialized in soft-landing, tax compliance, co-sourcing, and tax tech solutions.

Mr. Morales earned a bachelor’s degree in international accounting from CETYS Universidad. He is also an active member of the Colegio de Contadores Públicos de Mexico, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), and the tax committee of the American Chamber of Commerce of Mexico. He is fluent in English and Spanish.

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El 8 de septiembre de 2026 el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027, integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos de la Federación y diversas iniciativas de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley Aduanera y la Ley Federal de Derechos, entre otros ordenamientos. La propuesta privilegia el fortalecimiento estructural de la recaudación —mediante mayor fiscalización y límites adicionales a las deducciones— por encima del incremento de tasas o la creación de nuevos impuestos, en un entorno de consolidación fiscal gradual.
La creciente complejidad de las operaciones, el volumen de información y las exigencias de cumplimiento están transformando la manera en que las organizaciones gestionan sus procesos fiscales.
El 7 de agosto de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 115/2026, mediante el cual se reforman integralmente las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Reglas PLD). Esta actualización representa la modificación más relevante al marco regulatorio desde su emisión en 2013 e incorpora elementos clave como la adopción formal de un enfoque basado en riesgos, la clasificación obligatoria de clientes conforme a su nivel de riesgo, disposiciones específicas sobre beneficiario controlador, la implementación de mecanismos automatizados y, por primera vez, la obligación de realizar auditorías anuales, internas o externas según el perfil de riesgo de la entidad.
En los últimos meses, el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) ha intensificado su enfoque de fiscalización mediante el uso de herramientas tecnológicas y cruces automatizados de información. En este contexto, el Certificado de Sello Digital (“CSD”) se ha consolidado como un instrumento clave de supervisión, en tanto constituye el medio indispensable para la emisión de CFDI y, por tanto, para la operación comercial de los contribuyentes, lo que ha llevado a que su restricción o cancelación sea utilizada como una medida efectiva para inducir el cumplimiento fiscal incluso de manera previa a la determinación formal de irregularidades. Asimismo, los desarrollos normativos y operativos recientes han reforzado esta tendencia, ampliando los supuestos de restricción y permitiendo bloqueos automatizados derivado de inconsistencias o riesgos fiscales detectados electrónicamente, incrementando de forma relevante el impacto operativo de estas medidas sobre las empresas.
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