Resumen Ejecutivo

El 8 de septiembre de 2026 el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027, integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos de la Federación y diversas iniciativas de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley Aduanera y la Ley Federal de Derechos, entre otros ordenamientos. La propuesta privilegia el fortalecimiento estructural de la recaudación —mediante mayor fiscalización y límites adicionales a las deducciones— por encima del incremento de tasas o la creación de nuevos impuestos, en un entorno de consolidación fiscal gradual.

Entorno macroeconómico: los CGPE 2027 mantienen la disciplina y disciplina fiscal, con una postura de recuperación gradual del crecimiento hacia 2027 y riesgos concentrados en la revisión del T-MEC, la volatilidad petrolera y las presiones pensionarias de mediano plazo.

Ley de Ingresos: no se incrementan las tasas de ISR, IVA o IEPS; destacan una nueva opción de pago simplificado de IVA para RESICO (7%), la reducción de la tasa preferencial de retorno de capitales del extranjero a 7.5%, y la eliminación del régimen especial de deducción de créditos incobrables para instituciones de crédito.

ISR —se introduce un mecanismo de limitación de deducciones (96.67% a 99%) y de pérdidas fiscales (hasta 50% de la utilidad fiscal) para personas morales con ingresos acumulables superiores a $50 millones de pesos, junto con la reducción del límite de deducción de intereses netos de 30% a 20% y ajustes a la deducibilidad de pagos al extranjero y a la determinación de la CUCA y la CUFIN.

Ley Aduanera: se endurecen los supuestos de embargo precautorio por subvaluación y se reduce de 50% a 20% el umbral para presumir cometida la infracción de omisión de impuestos al comercio exterior.

Ley Federal de Derechos: se actualizan de forma generalizada diversas cuotas (aproximadamente 10% a 35% en la mayoría de los casos), con reducciones en el espectro radioeléctrico y la eliminación del cobro de acceso en 53 museos y zonas arqueológicas.

Nuevas iniciativas: la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral no introducen cambios tributarios directos, pero podrían tener implicaciones relevantes en materia de trazabilidad fiscal y recaudación inmobiliaria.

Se trata de propuestas sujetas al proceso legislativo y, por tanto, a discusión y posibles modificaciones. No obstante, recomendamos a las empresas anticipar desde ahora el análisis del impacto de la limitación a deducciones y pérdidas fiscales, así como de las nuevas reglas aduaneras, antes de su eventual entrada en vigor el 1 de enero de 2027.

Paquete Económico 2027

El pasado 8 de septiembre de 2026, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”), presentó ante el Congreso de la Unión el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027, integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y diversas iniciativas en materia fiscal, incluyendo propuestas de modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta (“LISR”), Ley Aduanera (“LA”) y la Ley Federal de Derechos, así como otras disposiciones de carácter hacendario y aduanero.

A partir de su presentación, corresponde al Congreso analizar, discutir y, en su caso, modificar y aprobar las distintas propuestas: la Cámara de Diputados deberá aprobar la Ley de Ingresos a más tardar el 20 de octubre, para posteriormente turnarla al Senado, que deberá aprobarla a más tardar el 31 de octubre; por su parte, el Presupuesto de Egresos de la Federación, cuya aprobación corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, deberá aprobarse a más tardar el 15 de noviembre.

Las iniciativas de reforma a la LISR y a la LA deben analizarse dentro de un contexto más amplio de política fiscal, en el que se plantea una estrategia de fortalecimiento estructural de los ingresos públicos sin recurrir a un incremento generalizado de tasas o a la creación de nuevos impuestos, apoyándose principalmente en limitantes adicionales a las deducciones, una mayor eficiencia recaudatoria, el combate a la evasión y elusión fiscal, el fortalecimiento de las facultades de fiscalización y una mayor efectividad en el control de las operaciones de comercio exterior.

I. Criterios Generales de Política Económica 2027

En términos generales los CGPE 2027 son consistentes con la situación de 2026, reconoce un entorno más complejo y mantiene la disciplina fiscal. La consistencia cuantitativa final deberá evaluarse cuando exista el informe oficial del tercer trimestre de 2026, posterior al cierre del 30 de septiembre de 2026.

La política económica y fiscal muestra continuidad y capacidad de absorción de choques. Sin embargo, el reto a futuro es pasar de estabilidad con crecimiento moderado a estabilidad con mayor productividad. Sin una expansión sostenida de la base tributaria, control del gasto rígido y fortalecimiento de la inversión, el margen para salud, educación e infraestructura permanecería limitado.

Evolución y perspectivas de la economía global y mexicana

 A continuación, se presentan algunos aspectos de las perspectivas de la economía mexicana que consideramos relevantes:

• El supuesto de normalización de los CGPE 2026 resultó insuficiente frente a la volatilidad comercial y manufacturera observada. Los CGPE 2027 incorporan con mayor claridad la política comercial de EUA, la reconfiguración de cadenas, riesgos geopolíticos y la revisión del T-MEC.
• En términos de la economía mexicana conforme a los CGPE 2026 se esperaba que el consumo e inversión sostuvieran el crecimiento. La información disponible muestra un mercado laboral resiliente, pero menor dinamismo de la actividad e inversión privada, en los CGPE 2027 se adopta una postura de recuperación gradual.

Finanzas públicas y perspectivas de cierre

• Los ingresos mostraron composición desigual: fortaleza del IVA, IEPS (no combustibles) e ingresos petroleros, frente a menor ISR. Los balances fiscales disponibles fueron mejores al programa.

Perspectivas de crecimiento 2026-2027

• El rango de 1.8%-2.8% para 2026 contrastó con la señal coyuntural del primer trimestre. El planteamiento de recuperación gradual para 2027 es más prudente.

Política de responsabilidad hacendaria

• Se mantiene la consolidación gradual, la estabilización de la deuda y la disciplina fiscal. Esta información respalda la continuidad del ancla fiscal, aunque el margen contracíclico sigue limitado.

II. Ley de Ingresos de la Federación

Generalidades

• No se incluyen nuevos impuestos ni se incrementan las tasas de los impuestos vigentes (ISR, IVA e IEPS mantienen su estructura de tasas).
• Ingresos totales estimados por $10,636,488.1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 4.3% respecto a lo aprobado para 2026 ($10,193,683.7 millones de pesos).
• Endeudamiento neto interno autorizado: $1.70 billones de pesos (2026: $1.78 billones; -4.5%). Endeudamiento neto externo autorizado: USD 13,500 millones (2026: USD 15,500 millones; -12.9%).

Tasas de recargos

• Tasas de recargos: se mantienen sin cambio — 1.38% mensual en prórroga; 1.42% (parcialidades hasta 12 meses); 1.63% (12 a 24 meses); 1.97% (más de 24 meses o pago diferido).

Recursos administrativos

• Recurso de revocación exclusivo de fondo — exención de garantía del interés fiscal: de manera favorable para los contribuyentes, la Iniciativa establece que quienes interpongan el recurso de revocación exclusivo de fondo no estarán obligados a garantizar el interés fiscal mientras se sustancia el recurso. Es una ventaja procesal frente al recurso de revocación tradicional, donde sí se mantiene la obligación de garantizar dentro de los 6 meses siguientes a su interposición.

Al respecto, es importante señalar que el recurso de revocación exclusivo de fondo es procedente contra: i) resoluciones que deriven del ejercicio de facultades de comprobación; ii) resoluciones cuya cuantía sea mayor a 200 veces la UMA elevada al año; y iii) supuestos en los que el promovente únicamente haga valer argumentos de fondo, es decir, aquellos referidos al sujeto, objeto, tasa o tarifa de las contribuciones.

Estímulos fiscales

• Diésel y biodiésel: se mantienen sin cambio los estímulos para maquinaria en general, actividades agropecuarias o silvícolas, y transporte público y privado de carga o pasaje.
• Autopistas de cuota: se reduce el umbral de ingresos totales anuales para calificar al estímulo, de $300 a $250 millones de pesos.
• Combustibles fósiles no destinados a combustión y minería (ingresos brutos menores a $50 millones de pesos): se mantienen sin cambio.
• Libros, periódicos y revistas: cambia la naturaleza del beneficio — de una deducción adicional del 8% del costo para efectos de ISR, a la aplicación de la tasa 0% de IVA sobre la enajenación.

Disposiciones relacionadas con ISR, IVA e IEPS

• Retención anual sobre intereses (Arts. 54 y 135 LISR): la tasa disminuye de 0.90% (2026) a 0.68% (2027).
• RESICO para el sector agropecuario, ganadero, silvícola y pesquero (Art. 113-E LISR): el umbral de ingresos exentos aumenta de $900,000 a $1,000,000 de pesos.
• Retención en plataformas tecnológicas para personas morales, financiamiento colectivo, préstamo de valores y demás mecánicas del Art. 25 LIF: se mantienen sin cambio respecto de 2026.
• Colocación de acciones mediante Oferta Pública Inicial (Art. 25, fracción XVII): se otorga un estímulo consistente en aplicar la tasa del 10% de ISR (en lugar de la tarifa del Art. 152 LISR) a la ganancia por enajenación de acciones colocadas mediante una Oferta Pública Inicial en bolsa de valores concesionada, sujeto al cumplimiento de diversos requisitos (colocación entre el gran público inversionista, no transmisión de control, límites para partes relacionadas, tratamiento de listados simultáneos en el extranjero, entre otros). Este no es un beneficio nuevo: es el mismo tratamiento que, desde 2019, se ha venido otorgando mediante decreto presidencial (el más reciente lo mantuvo vigente para los ejercicios 2019 a 2025) y que ahora se incorpora directamente al cuerpo de la LIF. El cambio sustantivo es el tope de valor de mercado de la sociedad emisora para acceder al estímulo íntegro, que aumenta de $25,000 a $50,000 millones de pesos; por encima de ese monto, el beneficio aplica solo proporcionalmente.
• Opción de pago simplificado de IVA para contribuyentes de RESICO (Art. 25, fracción XVIII): se incorpora una nueva opción para que las personas físicas y morales de RESICO (Título IV, Capítulo II, Sección IV LISR) y los contribuyentes del Título VII, Capítulo XII LISR, paguen el IVA aplicando una tasa del 7% sobre el total de las contraprestaciones efectivamente cobradas en el mes, en sustitución del esquema ordinario de trasladar y acreditar IVA a la tasa que corresponda. Quienes ejerzan esta opción no podrán acreditar el IVA que les hayan trasladado ni el pagado en importación, deberán seguir trasladando el IVA a la tasa que corresponda al adquirente (la diferencia entre lo trasladado y lo efectivamente pagado a la tasa del 7% no se considera ingreso acumulable para ISR), y quedan sujetos a los límites de ingresos e importaciones de los artículos 113-E y 206 LISR. La opción se ejerce mediante aviso al SAT y no podrá variarse durante el ejercicio. Se trata de una disposición nueva, sin equivalente en la LIF 2026.
• Deducción de créditos incobrables para instituciones de crédito (Art. 25, fracción V): la iniciativa suprime el régimen especial que actualmente permite a las instituciones de crédito deducir créditos incobrables conforme a los criterios de “notoria imposibilidad práctica de cobro” previstos en la fracción XV del Art. 27 LISR. En su lugar, las instituciones de crédito quedarán sujetas al régimen general de deducción de créditos incobrables aplicable a los demás contribuyentes; lo que podría generar un cambio desfavorable para el sector financiero, que a la fecha cuenta con un mecanismo más flexible para el reconocimiento fiscal de esas pérdidas. Se establece lo que debe considerarse como imposibilidad práctica de cobro.
• Deducción de aportaciones al IPAB: Se mantiene la limitante para la deducción de las aportaciones que, por disposiciones regulatorias, están obligadas a hacer las instituciones de crédito al IPAB, al 25% de las mismas.
• Otros productos que contengan nicotina (Art. 25, fracciones XV y XVI): se incorporan dos nuevas disposiciones dirigidas a vapeadores, bolsas de nicotina y productos similares. Por una parte, se extiende a estos productos la obligación de incorporar el código de seguridad previsto en el Art. 19, fracción XXII de la LIEPS, actualmente aplicable a cigarros y demás tabacos labrados. Por otra parte, se faculta expresamente al SAT para ejercer, respecto de estos productos, las facultades de verificación previstas en el Art. 19-A de la LIEPS (revisión en los lugares de venta, enajenación o distribución), incluyendo el aseguramiento de cajetillas, estuches o empaques que no cuenten con el código de seguridad correspondiente. Esta medida equipara el tratamiento de control fiscal de estos productos al que ya existe para el tabaco tradicional.

Disposiciones transitorias

• Programa de Regularización Fiscal — créditos fiscales firmes: se mantienen los mismos porcentajes de estímulo (100% de multas, recargos y gastos de ejecución; 90% cuando el crédito firme derive exclusivamente de multas por obligaciones distintas a las de pago), actualizando las fechas de referencia (ejercicio base 2025; pago en una exhibición hasta el 31 de diciembre de 2027; solicitud hasta el 31 de octubre de 2027). Dos cambios relevantes: (i) desaparece la exclusión que impedía aplicar el beneficio en la LIF 2026 a quienes ya se hubieran beneficiado de condonaciones masivas previas (Decreto de 2019) o del estímulo del ejercicio 2025; y (ii) se amplía la causal de exclusión por publicación en listados del SAT, incorporando el artículo 49 Bis del CFF (visita domiciliaria exprés / EFOS) junto con los ya existentes 69-B y 69-B Bis.
• Retorno de capitales del extranjero: la tasa preferencial de ISR disminuye de 15% a 7.5% sobre el monto de los recursos retornados, manteniendo la misma mecánica de inversión obligatoria por 3 años (Plan México, Polos de Desarrollo o actividad propia del contribuyente).
• Trabajadores de plataformas digitales (Art. 291-A de la Ley Federal del Trabajo): se aclara que, aunque la reforma laboral reclasifica ciertos servicios prestados a través de plataformas digitales como relación laboral subordinada, dicho carácter no será aplicable para efectos fiscales, manteniéndose el tratamiento fiscal de plataformas (retención conforme al Art. 113-A LISR) en lugar del régimen de nómina.
• IEPS a combustibles automotrices: se incorpora la fracción XIX al Art. 25 de la LIF, mediante la cual las personas distintas de fabricantes, productores e importadores que enajenen gasolinas y diésel deberán pagar el IEPS aplicando la cuota correspondiente sobre la diferencia positiva que resulte de restar, de las unidades de combustible enajenadas en el mes, las unidades adquiridas en ese mismo mes, sin estímulo, disminución o acreditamiento alguno. Esta regla sustituye, para estos enajenantes, el tratamiento de exención que ordinariamente les da el Art. 8o., fracción I, inciso c) de la LIEPS (el IEPS de combustibles es monofásico: normalmente lo causa una sola vez el fabricante, productor o importador, y los distribuidores y estaciones de servicio no lo vuelven a causar al revender). El impuesto se calcula y paga mensualmente, mediante declaración a más tardar el día 17 del mes siguiente, y el SAT queda facultado para revisar la diferencia con base en los controles volumétricos (Art. 28, fracción I, apartado B, CFF), los comprobantes fiscales y los pedimentos. Quienes queden sujetos a esta regla no podrán trasladar el impuesto al adquirente ni incluirlo en el precio, por lo que el costo lo absorbe el propio enajenante. Conforme a la exposición de motivos, la medida no busca gravar diferencias legítimas de inventario, sino únicamente aquellas diferencias no justificadas documentalmente, como mecanismo de control y trazabilidad frente al robo y contrabando de combustibles ("huachicol fiscal"). El transitorio Vigésimo Noveno acota la ventana en la que se inhabilita la exención del Art. 8o. LIEPS para estos enajenantes al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2027, coincidiendo con la entrada en vigor de esta fracción.
• Programa de verificación del SAT a personas morales con fines no lucrativos: se incorpora un nuevo transitorio (Trigésimo) mediante el cual el SAT implementará un programa de verificación y comprobación dirigido específicamente a los contribuyentes que tributan en el Título III de la LISR. Este régimen no se limita a donatarias autorizadas: comprende, en términos amplios, a todas las personas morales con fines no lucrativos reguladas por el Art. 79 LISR — entre ellas sindicatos, cámaras de comercio e industria, colegios de profesionales, asociaciones patronales, sociedades cooperativas de consumo, instituciones de asistencia o beneficencia, asociaciones deportivas reconocidas y partidos políticos, además de las propias donatarias autorizadas.
  • El texto de la Iniciativa no detalla aún la mecánica, el alcance ni el calendario del programa; únicamente establece que el SAT emitirá reglas de carácter general donde se fijarán los criterios correspondientes. Su implementación quedará sujeta a dicha regulación secundaria.
  • Esta medida se suma a las obligaciones de transparencia que ya rigen para donatarias autorizadas conforme al Art. 28, apartados B y C de la LIF (reporte de donativos recibidos, gastos administrativos y operativos, y percepciones de directivos), reforzando la tendencia de mayor escrutinio sobre el sector no lucrativo.
  • En esta misma línea, el Art. 28, apartado B de la LIF amplía de 15 a 20 los rubros de información que las donatarias autorizadas deben reportar sobre sus ingresos y egresos, incorporando cinco categorías nuevas: cuotas de recuperación, enajenación de bienes de su activo fijo, apoyos gubernamentales, cuotas de sus integrantes, y rendimientos de acciones u otros títulos de crédito colocados entre el gran público inversionista.

III. Ley del Impuesto sobre la Renta

De acuerdo con los datos incluidos en los documentos del paquete, en 2025 aproximadamente 524 mil personas morales reportaron ingresos positivos y 60.7% de ellas no registró pago de ISR. De ese universo, 223 mil empresas —70.3% de las que tenían ingresos positivos y no pagaron ISR— reportaron deducciones iguales o superiores a sus ingresos. El resto se explica principalmente por la utilización de pérdidas fiscales.

Estos datos son relevantes porque explican por qué la reforma propuesta no se limita a modificar una deducción específica: busca introducir un mecanismo estructural de control de la base gravable, particularmente para empresas con ingresos superiores a $50 millones de pesos que determinen utilidad fiscal. La exposición de motivos vincula expresamente esta problemática con el uso de facturas falsas, empresas con características de “factureras”, conceptos artificiales, gastos ajenos a la actividad empresarial y esquemas de planeación fiscal agresiva.

A continuación, se presentan las modificaciones propuestas:

• Limitación a Deducciones: Nuevo mecanismo para personas morales residentes en México con ingresos acumulables >$50 millones que determinen utilidad fiscal. Límite de deducciones: 99% cuando no superen 96.67% de ingresos; 96.67% cuando los superen.
• Limitación a Pérdidas fiscales: Las pérdidas de ejercicios anteriores sólo podrán disminuir hasta 50% de la utilidad fiscal después del límite de deducciones. El remanente se podrá disminuir en los 20 ejercicios siguientes siguiendo las reglas del artículo 57 de la LISR. También se limita su uso en pagos provisionales. Se propone incluir un Artículo Transitorio para pérdidas fiscales generadas y determinadas antes de la entrada en vigor (hasta 2026) para mantener el derecho a disminuirlas dentro de los 20 ejercicios siguientes a su generación.
• Regla de excepción a las limitantes anteriores: Se contempla una regla de no aplicación para contribuyentes que tributen en ciertos regímenes fiscales, incluidas las operaciones de maquila, así como para personas morales que tengan menos de cinco ejercicios fiscales de haber obtenido su RFC. Asimismo, se incorpora una regla de continuidad económica como medida antiabuso para evitar que el umbral de cinco años sea reiniciado artificialmente.
• Pagos Provisionales: Para contribuyentes con ingresos >$50 millones se aplicarán factores de 1.0658 o 2.6162 al coeficiente de utilidad que resulte aplicable por ley, según el nivel de deducciones.
• Intereses Netos: La limitante a la deducibilidad de intereses netos se propone reducir de 30% a 20% de la utilidad fiscal ajustada prevaleciendo el resto de la disposición y mecánica de determinación.
• Pagos al extranjero/ retención: Se propone que los pagos al extranjero sólo sean deducibles en el ejercicio en que se pague la contraprestación y se entere la retención. La retención se causaría al primero entre exigibilidad, devengo o pago. Se ajusta la regla de conversión de moneda extranjera para alinearla al momento en que se efectúe la retención del impuesto.
• Anticipos de gastos: La deducción de anticipos por servicios y uso o goce temporal se realizará cuando se preste el servicio o transcurra el periodo correspondiente. Asimismo, se precisan los requisitos documentales aplicables a dichos anticipos.
• CUCA y costo fiscal de acciones: No se considerarán como capital de aportación los intereses devengados no pagados ni el IVA correspondiente a la capitalización de pasivos, ni para el cálculo de la CUCA ni para el costo fiscal de acciones. Adicionalmente, las aportaciones de cuentas por cobrar, derechos de cobro o títulos sólo incrementarán la CUCA cuando se materialicen y hasta por el importe efectivamente cobrado.
• CUFIN: Se precisa que también deben restarse erogaciones que no cumplan requisitos fiscales, además de las expresamente no deducibles del art. 28.
• Régimen Opcional para Grupos: Se elimina el régimen. Las sociedades deberán desintegrarse el 1 de enero de 2027 y enterar el ISR diferido conforme a las reglas transitorias, las cuales serán publicadas mediante reglas administrativas con posterioridad.
• RESICO personas físicas: Límite de ingresos: $5 millones. La tasa máxima de la tabla propuesta (2.5%) llegaría hasta ese monto. Podrán permanecer o reincorporarse al régimen quienes cumplan obligaciones y no excedan el nuevo límite. En sector primario, la exención de ISR sube a 1 millón de pesos.
• RESICO personas morales: Se aumenta el límite de ingresos para RESICO de 35 a 50 millones de pesos y el régimen será opcional frente al Régimen General. Se permite volver al régimen si se cumplen los requisitos y no se rebasa el nuevo límite. Se duplican porcentajes de deducción de inversiones y se prevé una transición sin duplicidad de ingresos ni deducciones.
• Estímulos de inversión: Se incorporan a la LISR estímulos relacionados con el Plan México y los Polos de Desarrollo, incluyendo la deducción inmediata y una deducción adicional de 25% por incrementos en capacitación o innovación, sujeto al cumplimiento de los requisitos aplicables.

No obstante la argumentación del Ejecutivo Federal para sostener la constitucionalidad de la iniciativa —por ejemplo, con base en el principio de solidaridad conforme a criterios emitidos por el Poder Judicial—, en caso de que sea aprobada en sus términos, algunas de las reformas propuestas podrían ser cuestionadas a la luz de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en la Constitución Federal, particularmente tratándose de la limitación a deducciones y de la amortización de pérdidas fiscales.

Por disposición transitoria, las sociedades que subsistan o surjan de una fusión o escisión a partir del 8 de septiembre de 2026 quedan sujetas a estas nuevas disposiciones desde el 1 de enero de 2027.

IV. Ley Aduanera

La iniciativa de reforma a la Ley Aduanera tiene como objetivo fortalecer las facultades de control y fiscalización de las autoridades aduaneras, particularmente en materia de subvaluación, trazabilidad y gestión de riesgos en operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con la legislación vigente, declarar un valor en aduana inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares en un 50% o más, constituye una causal de embargo precautorio, salvo que se trate de mercancías sujetas a precios estimados importadas al amparo de la garantía correspondiente. Asimismo, ante tal declaración se presume cometida la infracción de omisión de impuestos al comercio exterior, aún en importaciones bajo regímenes aduaneros no sujetos al pago de impuestos, como importaciones temporales o depósito fiscal.

La reforma propuesta faculta a las autoridades aduaneras para embargar precautoriamente las mercancías cuyo valor en aduana declarado en pedimento sea simplemente inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares, eliminando de la causal de embargo, tanto el umbral del 50%, como la exclusión de mercancías sujetas a precios estimados. Adicionalmente, la reforma reduce la diferencia entre el valor en aduana declarado y el valor de transacción de mercancías idénticas o similares, necesario para presumir cometida la infracción de omisión de impuestos al comercio exterior, del 50% al 20%.

Como parte de la reforma, se establece que se podrá sustituir el embargo precautorio por depósitos en efectivo conforme a las disposiciones que para tal efecto emitan las autoridades aduaneras. Alternativamente, se mantiene la posibilidad de sustituir el embargo precautorio por depósitos en cuentas aduaneras de garantía, solamente cuando la subvaluación sea menor al 20%.

La propuesta genera incertidumbre para los importadores, ya que las autoridades podrían sustentar sus revisiones en valores registrados en bases de datos institucionales a las que los contribuyentes no tienen acceso. Además, dichas bases pueden no reflejar todas las características necesarias para determinar la identidad o similitud de las mercancías conforme a la legislación aduanera. En consecuencia, será relevante fortalecer expedientes de valor en aduana, contratos, listas de precios, estudios comparativos, documentación comercial y evidencia que permita justificar diferencias de valor frente a operaciones aparentemente comparables.

V. Ley Federal de Derechos

La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos tiene como objetivo actualizar diversas cuotas para mantener su correspondencia con el costo de los servicios prestados por el Estado, incorporar nuevos servicios al régimen de derechos y armonizar el ordenamiento con cambios recientes en leyes sectoriales.

La iniciativa contempla incrementos en diversos derechos por servicios prestados por autoridades en materias migratoria, consular, de inversión extranjera, financiera, sistemas de ahorro para el retiro, telecomunicaciones y radiodifusión, agua y recursos hídricos, medio ambiente, vida silvestre, forestal, sanidad animal, vegetal y acuícola, regulación sanitaria, derechos de autor, actividades marítimas y portuarias, transporte ferroviario, extracción de materiales de bienes nacionales, patrimonio cultural y arqueológico, espectro radioeléctrico, espacio aéreo mexicano y control de armas de fuego. Si bien los porcentajes varían según la materia regulada, gran parte de las actualizaciones se ubica en rangos aproximados de 10% a 35%. Destacan el aumento de 35% al derecho aplicable a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, así como incrementos de hasta 66% y 153% en determinadas visas consulares.

No todos los cambios implican incrementos. La iniciativa propone una reducción aproximada de 12% en diversos derechos por uso del espectro radioeléctrico con el propósito de fomentar la inversión en telecomunicaciones, ampliar la cobertura y favorecer el despliegue de tecnologías como 5G. También se elimina el cobro de acceso en 53 museos, monumentos y zonas arqueológicas, buscando facilitar el acceso a la cultura y simplificar la administración de recintos donde la recaudación obtenida resultaba marginal frente a los costos de operación.

La iniciativa incorpora y redefine diversos servicios sujetos al pago de derechos. Entre los cambios más relevantes se encuentran nuevos derechos en materia de telecomunicaciones vinculados con autorizaciones para uso secundario, temporal o experimental del espectro radioeléctrico. También se incluyen derechos relacionados con actividades marítimas y portuarias, incluyendo autorizaciones de programas maestros de desarrollo portuario, reglas de operación y certificaciones especializadas.

VI. Informe del Ejecutivo Federal sobre facultades arancelarias

El Ejecutivo Federal cumplió con la obligación constitucional de someter a aprobación del Congreso las medidas arancelarias adoptadas durante el periodo del 9 de septiembre de 2025 al 8 de septiembre de 2026, conforme al artículo 131 constitucional. Los principales ajustes se resumen a continuación.

Durante el periodo, se modificó la TIGIE para incrementar la protección arancelaria aplicable a diversas mercancías. En el sector azucarero, se establecen aranceles ad valorem de 156% para ciertos tipos de azúcar de caña y remolacha, y de 210.44% para azúcar líquida refinada y azúcar invertida. Adicionalmente, se incrementan los aranceles de ciertos químicos, plásticos, papeles, textiles, calzados, vidrios, aceros, aluminios, herramientas, maquinarias, equipos eléctricos, autopartes, bicicletas, instrumentos musicales y muebles de hasta 35%, y de automóviles, de hasta el 50%. Lo anterior busca proteger a la producción nacional frente a distintas circunstancias, como la caída de precios internacionales, la sobreoferta y posibles prácticas desleales de comercio internacional, según el caso. Para mercancías originarias de países con los que México mantiene tratados comerciales, continúa siendo aplicable el trato arancelario preferencial correspondiente cuando se cumplan los requisitos de origen.

A su vez, se modifican diversos ordenamientos para limitar distintos beneficios en materia arancelaria y en algunos casos, se otorgaron ciertos beneficios.

El informe sobre el ejercicio de estas facultades deberá ser aprobado por el Congreso mediante la Ley de Ingresos.

VII. Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos

Como parte del Paquete Económico 2027, se presentó una iniciativa para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo objetivo es impulsar la adopción de medios de pago digitales, promover la inclusión financiera y reducir gradualmente el uso de efectivo en la economía mexicana.

La propuesta obligaría a las dependencias gubernamentales y a los proveedores de bienes y servicios a habilitar mecanismos de pago electrónicos y digitales, apoyándose en herramientas de identificación digital como la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano para personas físicas y morales. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda quedará facultada para determinar actividades o sectores específicos en los que los pagos digitales constituyan el único medio de pago autorizado.

Aunque la iniciativa no introduce cambios tributarios directos, su potencial para incrementar la trazabilidad de las operaciones y acelerar la digitalización de pagos podría tener implicaciones relevantes en materia de cumplimiento y fiscalización, por lo que será importante dar seguimiento a su evolución legislativa y a las disposiciones generales que eventualmente emita la SHCP.

VIII. Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral

Se propone una nueva ley derivada de los artículos 25 y 73 constitucionales, con el objetivo de homologar y modernizar los sistemas catastrales y los registros públicos de la propiedad mediante plataformas y planes nacionales, la clave única catastral, la cédula única catastral y registral, y el acceso vía Llave MX. No crea ni modifica contribuciones, pero al depurar padrones y actualizar valores catastrales podría incidir indirectamente en la recaudación de contribuciones inmobiliarias administradas por las haciendas locales y federal, tales como el impuesto predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el impuesto sobre traslado de dominio y el ISR por enajenación y adquisición de inmuebles.

IX. ¿Qué deberían revisar los contribuyentes desde ahora?

Si bien se trata todavía de propuestas sujetas a discusión y posibles modificaciones, varias de las medidas planteadas pueden tener efectos materiales sobre la determinación del ISR, la utilización de pérdidas, el reconocimiento de deducciones, estructuras de financiamiento, capitalizaciones, reorganizaciones corporativas y operaciones con partes relacionadas y con residentes en el extranjero, así como sobre los procesos de importación y la determinación del valor en aduana.

En este escenario, el reto para las empresas no será únicamente entender qué cambia, sino determinar qué hacer antes de que cambie. El proceso legislativo será clave para confirmar el alcance final de las medidas propuestas; sin embargo, el paquete ya permite identificar oportunidades y retos, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Un análisis temprano puede permitir cuantificar y evaluar impactos, preparar sistemas y procesos, incluso antes de la entrada en vigor de las modificaciones propuestas.

Nuestro equipo queda a su disposición para analizar con mayor profundidad los posibles alcances que estas propuestas pudieran tener en su negocio y proponer medidas de acción frente a los cambios que eventualmente sean aprobados.

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